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“Un ataque directo a la libertad de expresión”, así califica la CIRT la resolución de la Suprema Corte

Proceso/Marca Registrada Noticias

 La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) externó su descontento por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de obligar a los concesionarios de radio y televisión a diferenciar claramente la opinión y la información.

El organismo sostuvo, en un comunicado, que dicha resolución representa un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y los derechos de las audiencias.

Además, añadió que la decisión de la Corte quita también a los medios de comunicación la facultad de realizar sus propios códigos de ética, lo que ahora corresponde de manera exclusiva al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

Para la cámara que aglutina a radio y televisión la decisión es “un ataque directo e inusitado a la libertad de expresión en México”, al ordenar que en cualquier contenido se separe entre información noticiosa y la opinión de quien comunica.

Los empresarios afirman que es imposible cumplir esa instrucción y va contra el más elemental sentido común, pues en la práctica se entrevera noticia y opinión.

“Es absurdo que desde el Estado se pretenda someter a la radio y televisión a controles y sanciones burocráticas, que rompan con el flujo y ritmo de la comunicación”, sostuvo.

Y anticipó que la medida afectará a medios privados y públicos, e incluso la difusión de la conferencia mañanera, por lo que llama a todos los actores involucrados a solucionar el tema con pleno respeto a la ley.

El miércoles 19 último la Primera Sala de la SCJN eliminó las normas que permitían a concesionarios de radio y televisión hacer sus propios códigos de ética, pues su naturaleza mercantil podría marcarles intereses que van contra los derechos de las audiencias.

También ordenó a las empresas hacer diferencias claras entre información y opinión, además de entre contenido de un programa y publicidad.

La decisión deriva de un juicio de amparo interpuesto por el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, que se inconformó por reformas de 2017 que eliminaron aspectos de la ley que servían para proteger a las audiencias.

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